La Administración Macri corre una carrera contra reloj para intentar cubrir su frente fiscal ante las dificultades de financiamiento exterior que avizora, en parte consecuencia de la guerra comercial que ha comenzado y sobre cuyo impacto aún no tiene comprensión la mayoria de los agentes económicos.
Los operadores financieros de Wall Street, ven con esceptisimo la rápida solución de este enfrentamiento comercial entre USA y China, en especial cuando Rusia interviene tratando de pesar en estos enfentamientos, desatando un frente aún mayor, al tomar represalias diplomáticas contra Occidente al sentirse afectado por la acusación de Inglaterra y el resto de Europa, por el envenenamiento de un ex espía ruso (acerca de quien Occidente no puede explicar cómo es que Vladímir Putin lo tuvo preso 8 años y, sin embargo, lo dejó salir en libertad, ¿lo envenenó Rusia?).
Antes, Moscú ya estaba afectado por la acusación de intervenir informáticamente en la elección presidencial en USA.
La suma de ambos conflictos no parece ser el ambiente esperado por quienes especulaban con pronósticos financieros optimistas, consecuencia de las reformas impositivas de Donald Trump. La imprevisión ha sido generalizada. La decepción, también.
Concientes de estas dificultades, las autoridades gubernamentales domésticas han dejado de lado el gradualismo, aún a costa de mayor inflación, apurando el ajuste fiscal basándose en un aspecto central del programa económico que es la suba de las tarifas de los servicios públicos, ya que es central: no tanto para bajar los subsidios -que era la intención original, sino cobrar mayores impuestos que están incorporados en todas las tarifas de servicios tanto públicos como privados.
Y esto se ejecturarán a pesar de las varias rebeliones que están ocurriendo en varias provincias del país.
Estos aumentos más el aumento del precio de la logística, por la suba de los combustibles y peajes, independientemente de impactar en el aumento de la recaudación y el crecimiento del PBI están llevando a empresas a situación de crisis, tal como el caso de Quickfood y Carrefour, entre otras.
No se puede acusar de llorones a empresas multinacionales cuando, por otro lado, las empresas de energía y financieras muestran grandes utilidades, tal como lo demuestran las acciones de estas empresas que en esta Administración han llegado a subir más de un 200%. A su vez esto explica por qué las inversiones sólo se canalizan hacia donde el gobierno garantiza las utilidades, con precios que el mismo gobierno define.
Lamentablemente para el gobierno, la guerra comercial internacional no es la única preocupación que sigue de cerca ya que en la región, la detención de Luiz Inácio Lula da Silva, tan festejada por los seguidores de la Casa Rosada-, provoca certidumbre sobre nuevas filtraciones de la información acerca del ‘caso Odebrecht’, que podría complicar tanto a la anterior como a la actual Administración.
Sucede que no sólo afectaría al exministro de Planificación detenido sino que la coincidencia de la identificación de un empresario uruguayo involucrado en el pago de sobornos -según denunció denunciado el diario La Nacion- ocurría a traves de la entidad bancaria de Andorra (BPA) que denunció el diario español El País, y le costó el cargo a un funcionario de Presidencia de la Nación, y un embargo de $50 millones a un familiar del Presidente.
Estos escándalos internacionales han potenciado a quienes manejan la información, haciéndolos publicos. Es parte de la guerra comercial, condicionando a los gobiernos implicados a un alineamiento muchas veces en contra de sus propios intereses.
Y están poniendo en evidencia el agotamiento de la credibilidad de los organismos multilaterales de postguerra: mientras los mayores financiadores de estos organismos, promueven potenciar el comercio internacional, individualmente cada país aplica mayores aranceles para protejer sus economías. Además, ellos dicen luchar contra los paraísos fiscales pero no han dictado ninguna norma explícita para declararlos ilegales, mucho menos los propios.
Los organismos multilaterales y sus países financistas sí coinciden en la incidencia de los costos laborales y previsionales como generadores de los déficits fiscales, lo que debilita más su credibilidad. Y como daño colateral no sólo están afectando a algún líder político sino dañando a todos los partidos políticos, generando un efecto búmeran para las nuevas administraciones, y creando un espacio para ser aprovechado por oportunistas coyunturales.
AUTOR: RAFAEL GUERSCHANIK
FUENTE: URGENTE 24
CUARTA POSICIÓN 